A
más de cuatro años de la sanción de Ley de Identidad de Género,
la falta de políticas públicas y la indiferencia social de los
sectores privados del empleo siguen expulsando del mercado laboral a
la población trans, empujándola a la prostitución y a una muerte
cada vez más temprana.
Nada
sería igual a partir de ese 9 de mayo de 2012. La lucha infinita de
cientos de organizaciones y el inmenso dolor de una comunidad
marginada y expuesta a las peores condiciones de vulnerabilidad
social tenía finalmente su reconocimiento. Con el abal del Gobierno
Nacional y el impulso que provocara la Ley de Matrimonio Igualitario
dos años atrás, el Senado de la Nación había aprobado por 55
votos a favor y una abstención la Ley de Identidad de Género. La
población trans (1) podía contar así con un reconocimiento
político y legal de sus identidades. Era un paso necesario para que
las personas trans pudieran abrir la estructura social que tanto las
había excluído de los derechos básicos elementales como la salud,
la educación, la justicia y el trabajo.
Si
bien la Ley de Identidad buscó resarcir una deuda histórica con la
comunidad, expuesta a padecimientos sociales urgentes que incluían
violencia institucional, falta de cobertura médica, expulsión de
los ámbitos escolares y sistemáticos actos de represión policial;
los pilares de la Ley se basaron en la posibilidad de orientar el
registro identitario, incluyendo la modificación del nombre, y el
acceso a la salud integral (2), que abarcaba cobertura social,
procesos de hormonización e intervenciones quirúrgicas. Aunque no
apareciera su mención en la Ley, el trabajo era uno de las
necesidades primarias de la población. Según la encuesta realizada
en conjunto entre INADI e INDEC en 2012, el 80 % de la población
trans se encontraba en informalidad laboral, de las cuales 8 de 10
aclararon que la búsqueda de empleo se dificultaba por su identidad
(3).
La
marginalidad naturalizada
Los
datos que arrojó la encuesta realizada por la Fundación Huesped
junto a la Asociación de Travestis, Transexuales, Transgéneros
Argentina (ATTTA) dos años después de la sanción de la Ley de
Identidad de Género parecían alentadores en varias áreas. En
salud, un 33.5 % había realizado consultas por tratamientos
hormonales y, en educación, un 14.4 % había reanudado sus estudios,
incluyendo las personas analfabetizadas. Sin embargo, el ámbito
laboral seguía evidenciando una situación crítica, difícil de
remediar sin políticas urgentes de corto y mediano plazo: un 70.7 %
manifestaba realizar "trabajo autónomo", en lo que parece
un eufemismo sobre una grave situación de prostitución que no
merece pruritos futiles. Por otro lado, 1 de cada diez personas
mencionaban estar bajo relación de dependencia (13 %) y sólo un 9.8
% recibir aportes jubilatorios.
"El
gran problema de la inclusión laboral trans es el amplio grado de
marginación que tiene la comunidad en su mayoría. La violencia
impresa en una persona trans no pasa solo por estar en la calle
prostituyéndose, el hecho de ser trans ha excluído de la primaria y
secundaria a muchas mujeres.
Se necesita mucho acompañamiento porque han vivido hasta ahora en un
estado de indefensión", reflexiona César Cigliutti de la
Comunidad Homosexual Argentina (CHA) sobre un área que plantea
amplias dificultades para la población trans y que es básica para
la insercción laboral. En el mismo hilo argumentativo, Maria Rachid,
Secretaria General de la FALGBT, explica que el bajo índice de
personas tran en relación de dependencia responde a distintos
factores relacionados a la "discriminación y extrema
vulneración" de los derechos de la población a causa de la
violencia institucional. Y agrega: "La mayoría no ha terminado
el secundario, no tiene educación formal y casi nula experiencia
laboral. Así es muy difícil acceder a un trabajo". Según
ATTTA, de la personas menores a 18 años, 6 de cada diez abandonan
sus estudios secundarios a raíz de actos discriminatorios (4).
Seguro
y Empleo: displicencia en tiempos de urgencia
Con
motivo de alentar el acceso al trabajo de la población trans, el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
sancionó, un año después de la Ley de Identidad, un Seguro de
Capacitación y Empleo bajo la resolución Nº331/13; un programa
basado en cursos para aprender un oficio, con la idea de funcionar
como punta de lanza hacia el mercado laboral. Aunque los datos que
maneja el programa indican que de las 1069 personas involucradas
desde 2013 a 2015, un 58% proyectó un vínculo con alguna actividad,
la realidad marginante de la población trans en la actualidad no
parece adecuarse a esa lógica estadíctica, que tampoco ahonda sobre
el contenido real del programa de empleo.
"Lo
que impulsamos desde el 2011 en el Ministerio, y a través ya de
resoluciones ministeriales desde el 2013, es que los programas como
el seguro de Capacitación y Empleo que ya existían, incluyeran a la
personas trans: uno de los colectivos con mayores problemas de
empleo, o sea más vulnerados (...) El seguro incluye no solamente
capacitaciones con títulos oficiales gratuititos para estas
poblaciones, sino también: becas para terminalidad educativa
(secundario y primario); entrenamientos laborales rentados en
espacios de trabajo; apoyo a micro emprendimientos (hasta 35.000 peso
por personas); y excepción impositiva para empleadores que ingresen
a su planta a personas trans", explica Sebastián Zoroastro,
responsable del Área de Género y Diversidad Sexual dependiente del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Nacional.
Aún
así, las acciones paliativas del Estado en estos últimos cuatro
años no han podido resguardecer un estado de vulneración y
sometimiento tal que, según el último relevamiento de la FALGBT,
expulsa al 90% de la población hacia la única via de supervivencia:
la prostitución; que implica estar expuestas a situaciones de
estigmatización, discriminación, odio y abuso policial, aún cuando
los edictos policiales fueron derogados en 1996 (según el censo del
INDEC, el 83%.de la población fue víctima de violencia policial).
"Se
pensó que la población trans necesitaba una certificación para
adjuntar en el curriculum y salir al mercado laboral, pero no era
así. Lo que solicitábamos era una comprensión de las necesidades
de la población. Eso nunca sucedió realmente. Para hacer un curso
de peluquería no hace falta que el Estado venga a financiarte el
proyecto; termina siendo una política banal, con una mirada
reduccionista",
comenta
Gabriela Abreliano de Personas Trans Autoconvocadas, una de las
organizaciones que conforman el Frente Nacional Por la Inclusión de
la Diversidad Sexual..
Pero
las carencias del programa no son solo señaladas por las
organizaciones sociales. Blas Radi, del Observatorio de Género de la
Ciudad, encargado de detectar impedimentos de acceso a la justicia
relacionados a la diversidad sexual, opina: "Creo que las
políticas de acceso laboral fallaron, hubo un gran problema allí.
Se deberían desarrollar políticas alternativas, como una catapulta
a la autonomía: no solo en la directiva de fundar una cooperativa y
ser independientes, sino en lo que refiere a la competitividad: que
el acceso al trabajo no venga de una voluntad politica ajustada a una
gestión, porque eso inevitablemente termina."
En
la misma línea, Alejandro Aymú, periodista, activista por la
diversidad e integrante de la asociación Varones Antipatriarcales,
direcciona su mirada, más allá de un programa particular, hacia la
falta de políticas de Estado en el plano laboral trans:
"Se
debería haber lanzado un programa con herramientas reparatorias,
pero no hay una mirada transversal. Solo lineas de trabajo
individual, que alcanzan a un sector muy minoritario de la población
(...) Hay un sector empleador que no brinda responsabilidades en
sentido social, sino superficial, a un sector con tantas urgencias;
que provoca que tantas compañeras travestis se mueran todos los días
por la violencia institucional y heterosexista".
El
acto de ejercer la prostitución, si bien no conforma un delito en el
sentido estricto, carece de normativas y regularizaciones que puedan
brindarle algún sustento jurídico y social a la población, aún en
la precariedad de la situación que transitan. Según Fundación
Huesped, 6 de cada 10 mujeres trans están relacionadas con la
prostitución. Una cifra que debería poner en alerta al Estado para
que actúe sobre el contexto esquivo y violento que padece la
comunidad, cuyo promedio de vida, estiman las organizaciones, esta
apenas entre 35 y 40 años. "El Estado tendría que haberse
convertido en ejemplificador, dar el ejemplo en la incorporación de
la población trans. No fue asi porque hay una mirada asistencial
hacia la población: dar un pedazo de pan por conveniencia. No hubo
una necesidad de generar una politica especifica hacia la población,
fueron proyectos de maquillaje. ¿Cómo el Ministerio de Trabajo
puede pedirle a las empresas privadas incorporar personas trans si
ellos mismos no las tienen? Y si tienen, es una en una cartera de
Estado de 30000 empleados", señala Abreliano.
Uno
de los inconvenientes para la elaboración de políticas públicas es
la falta de elementos de análisis sobre la población y sus
condiciones de vulnerabilidad. El único trabajo realizado por el
INDEC data de 2012. Por otro lado, el informe de Fundación Huesped
expone que, previo a la Ley 26.743, el 54.6 % de las mujeres y un
52.2 % de los hombres trans sufrió un rechazo laboral por su
identidad pero que esa cifra cedió a menos de la mitad tras dos años
de su sanción (12.5 y 20.4% respectivamente). Una cifra alentadora
pero que, analizando el proceso metodológico dispuesto sobre 452
mujeres y 46 hombres de las siete regiones del país (Ciudad,
Conurbano, Región Pampeana, Cuyo, Patagonia, NEA y NOA) parece no
plasmar cabalmente la situación de urgencia que alertan las
organizaciones.
"El
INDEC y los organismos oficiales de estadística siguen
invisibilizando la identidades no hegemónicas, por lo que no solo
esta falta de información acrecienta la invizibilización sino
también que muchas veces trabajar en políticas públicas a ciegas
es una dificultad mayor", comenta Zoroastro haciendo foco en la
inacción del Estado. Además, la salida de la Ley de Identidad y la
posterior quietud de las entidades más reconocidas de la LGBT
respecto del acceso al empleo, abrió un marco de nuevas
representatividades.
"ATTTA
no cuestiona hoy la situación de prostitución sino que vela por sus
propios intereses. Ellos firmaron con el Gobierno de la Ciudad,
tomando la palabra de la población trans, para que se genere una
zona roja para la prostitución: un lugar insalubre, paupérrimo, con
situaciones extremas, donde muchas mujeres vienen del interior y no
tienen ninguno de los derechos garantizados", remarca Abreliano.
Ley
de cupo laboral: un comienzo para hacerse cargo
Con
motivo de poder generar consciencia en los estamentos del sistema
político, las organizaciones sociales, encabezadas por Diana
Sacayán, referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación
(MAL) y Secretaria Alterna de la Asociación Internacional de
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), dieron lugar a
la ley provincial (Buenos Aires) 14.783, mejor conocida como Ley de
Cupo Laboral Trans o Ley Diana Sacayán. Tras una presentación en
2010 y otra en 2012, el 17 de septiembre de 2015 la Legislatura de la
provincia aprobó la ley que en su
Artículo 1 sanciona:
El
Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una
proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su
personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que
reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo y establecer
reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por
ellas, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en el
empleo público.
"Esa
ley se aprobó el año pasado pero no quedó reglamentada y ahora nos
encontramos con el desafio de la reglamentación, más con todos los
proyectos que empiezan a surgir dentro de las distintas
jurisdicciones", comenta Alba Rueda, referente de Mujeres Trans
Argentinas, una red de organizaciones con su cabeza en la Ciudad pero
que trabaja conectada a las experiencias de las mujeres trans en
Santa Fe, Salta, Neuquén y Río Negro. Y suma respecto a la
situación actual de la ley: "Con la presión de la
organizaciones este año se hicieron espacios abiertos para tratar la
reglamentación, pero el ejecutivo no mostró mayor capacidad de
exhibir una síntesis, de dar un espacio de diálogo y construír
algo que ya esta aprobado. La ley es superior a cualquier tipo de
reglamentación, tiene que ser de inmediato cumplimiento".
La
falta de reglamentación, a más de un año de la ley, tanto en la
gestión de Daniel Scioli como en la de Maria Eugenia Vidal, expone
una situación de desidia política respecto a un sector poblacional
vulnerable y deja entrever coerciones de grupos de poder relacionados
al sistema político que ejercen función como elemento de
paragolpes. Además, sienta un precedente negativo hacia otros
proyectos que fueron presentados como el de la Legislatura Porteña
por Gabriel Fuks (FPV) y Maximiliano Ferraro (CC) en septiembre
pasado (Ver apéndice documental) o la ya aprobada Ley de Cupo
(0,05%) en Salta, que tras algunas modificaciones volvió a
Diputados. "Viendo hoy que el Estado lanza una escuela de
maquillaje para la población trans, parece difícil que genere
políticas públicas efectivas. Es una lucha historia por salir de
esas tres P: putas, peluqueras y promiscuas, a las que fuimos
catalogadas socialmente desde todos los sectores. Hoy vuelve el
Estado a ponernos en ese lugar", advierte Abreliano haciendo
mella en la falta de voluntad política. No obstante, Alba Rueda
introduce el elemento de los medios de comunicación como factores
claves de la falta de decisión del poder Ejecutivo: "Históricamente
los medios usaron la historia de las personas trans para poder marcar
siempre las páginas policiales. Asi como llenábamos las comisarias,
pagabamos las vacaciones del 'milico' y las del oficial de calle a
partir de las coimas que cobraban para poder circular; los medios de
comunicación lucraron con las personas trans siempre marcando el
amarillismo, relacionándonos con la droga y la prostitución, en una
mirada de prejuicio muy grave.
Esto
va de la mano de querer vender. Si tenés personas travestis
asociadas a la prostitución - como Chiche Gelblung con la "narco
trava" - hay intereses creados en continuar con la
estigmatización. Curiosamente, el diario La Nación el 1 de
noviembre de 2015, un poco más de un mes después de la aprobación
de la ley, sacó a relucir un editorial de características
transfóbicas titulado Absurdo
cupo para travestis y transexuales. En
él, el diario objeta que la norma esta "viciada" por
violar el principio de igualdad ante la ley y alega que se "consagra
un privilegio que no debiera consagrar". Cabe resaltar, además,
la presión de la Iglesia, en particular a través de la columna del
diario El Día de Monseñor Héctor Aguer, quien exigió a Macri,
entre otras cuestiones, derogar la Ley de Identidad de Género. Sin
embargo, Alba Rueda hace una distinción respecto del rol
eclesiástico: "El debate con la Iglesia se dio en el año 2010
con lo que fue la Ley de Matrimonio Igualitario, y el mensaje que
pudimos dar fue claro. Ellos fijaron sus propios criterios, hubo
varías marchas a nivel nacional, y la Iglesia quedó derrotada
respecto a los derechos de grupos vulnerados en lo civil". Y
agrega: "Son expresiones desencajadas de grupos resentidos
dentro de las instituciones. Tenemos una monja en la provincia de
Neuquén, Mónica Solda, que acompaña gran parte de la experiencia
de las organizaciones trans y esta trabajando desde hace diez años
con compañeras en situación de calle, buscando proyectos laborales
como cooperativas".
Que
no se ejecute la ley de cupo mínimo en territorio bonaerense no
delínea únicamente un dislate del acceso de la población trans al
mercado laboral, sino también una reafirmación del mantenimiento de
una violencia institucional hacia uno de los sectores poblacionales
más estigmatizados en la historia argentina. El último informe de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2015 sobre la
Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata y el Conurbano Bonaerense
remarca que el 35% de la población trans muere entre los 22 y los 31
años, y un 34% entre los 32 y 41 (5). Además, señala que el 62% de
los fallecimientos tiene como causa el VIH-Sida. Lo que las cifras
dejan en claro es que la exclusión laboral de la población trans es
motivo de precarización económica, inaccesibilidad a una vivienda
digna (al no tener derechos a créditos inmobiliarios), falta de
cobertura médica - aún con la reglamentación del año pasado del
Artículo 14 de la Ley de Identidad sobre Salud Integral, las Obras
Sociales se niegan a las prestaciones y la Superintendencia de Salud
acumula reclamos de hasta 10 meses según Rachid de la FALGBT - y
violencia policial sistemática: la Ley de estupefacientes 23.737
habilita a la policía a detener a las trans que ejercen la
prostitución e imputarlas bajo la carátula de “comercializacion
de estupefacientes” basándose en el mero relato policial. "La
ley de cupo esta bien, corresponde, porque son necesarias una serie
de políticas afirmativas cuando hay que reparar un daño hecho,
sancionarla implica recononocer eso. No se puede pensar en un trans
compitiendo en el mismo escalón que cualquier otra persona, hay que
tener en cuenta el estado de vulnerabilidad al que esta afectado",
explica Blas Radi.
En
la misma sintonía, Abreliano sintetiza: "La ley de cupo mínimo
garantizaría consciencia social, porque el número es obsoleto, ni
siquiera es el 1%, es el 0,1% lo que propone. La ley lo que termina
siendo es un intento por generar consciencia social; tendría que
tener una discusión en lugares claves para que tenga el impácto
social requerido"
A
partir de los datos cotejados en el área de judiciales del INADI
(Ver apéndice documental), se desprende que en los últimos cuatro
años han habido 49 denuncias por discriminación laboral de la
población trans tanto en el Estado como en el área privada. Un año
después de la Ley 26.743, de un total de 14 denuncias, el 57% fueron
en el sector privado. En 2013 el porcentaje crece: de 8 denuncias, 7
son en la esfera privada (87,5%). Dos años atrás, de las 10
denuncias recepcionadas, un 60% son del sector privado. En 2015, de 7
denuncias, el 71,4% responde al ámbito privado. La cifra casi se
mantiene en lo que va del año con un 70% sobre 10 denuncias
realizadas. En conclusión, del total de denuncias por discriminación
laboral a partir de la Ley de Identidad, el 67,3% han sido del ámbito
privado. La traducción de los números, naturalmente, deja entrever
las dificultades de la población trans para acceder y conservar un
empleo en relación de dependencia sin la intervención estatal. "No
pedimos que nos regalen el sueldo sino que podamos tener inserción
laboral. Si el mercado no lo asegura, que el Estado pueda hacer ese
cruce; cualquier tipo de Estado coincide en que hay grupos
poblacionales excluidos en la lógica del mercado capitalista y que
éste debe poner un límite", deja en claro Alba Rueda.
Las
leyes tienen raigambre cuando son acompañadas por políticas
comprometidas y comprensivas hacia los actores sociales a los que
atañe. Ulpiano decía, hace casi dos mil años, que “justicia es
el hábito de dar a cada uno lo suyo”. Partiendo de ese
razonamiento lógico, si el Estado reconoce a la población trans su
valor identitario por medio de sus estamentos políticos – no solo
la Ley 26,743 sino además el actual Código Civil y Comercial, y la
Ley de Educación 26,206 en su Artículo 8 - debe reconocer también
y garantizar, en caso de que las condiciones sociales así no lo
permitan, el acceso a los derechos básicos como integrantes de la
sociedad civil. Es una obligación de derecho que debe cumplir
(Artículo 14 y 14 Bis de la Constitución Nacional) y una premisa
moral que definirá los parámetros éticos de la Nación.
Travesticidios:
el odio contra la diversidad
El
pasado 28 de junio una multitud de militantes trans y adherentes a la
diversidad se congregaron desde Plaza de Mayo para allí marchar
hacia la zona de Congreso. Se cumplían 47 años de la revuelta de
Stonewall,
la histórica resistencia homosexual contra las redadas que habituaba
la policia neoyorquina en Green
Village.
Sin embargo, la cita que había reunido a tan numerosas
organizaciones tenía una consigna clara y tajante: “Basta de
Travesticidios”. Nueve meses atrás, el cuerpo de la referente
trans Amancay Diana Sacayán era encontrado en su departamento de
Rivadavia al 6700 en el barrio de Flores: tenía trece puñaladas y
demás heridas cortantes. “Fue un travesticidio, si usáramos otra
categoría, volveríamos a matarla”, decia en ese entonces Lohana
Berkins sobre su compañera de tantos años de lucha. La causa que
provocó una conmoción en la comunidad quedó a cargo de la Fiscalía
Nacional de Instrucción Nº4 a cargo de Matías Di Lello, con el
apoyo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra la Mujer
(UFEM) y la Dirección de Orientación y Acompañamiento a Víctimas
(DOVIC). Un mes después, los dos acusados del crímen de Diana,
Gabriel David Marino y Félix Alberto Ruiz Díaz, fueron procesados,
sentando un presedente histórico para la población, como coautores
de “homicidio de una mujer mediando violencia de género –
femicidio” (Artículo
80, Inciso 11 del Código Penal)
A
pesar de que la Ley 26,743 marcó una disminución de la violencia de
género hacia la diversidad según analiza Cigliutti de la CHA. Los
informes anuales sobre crímenes de odio de la propia organización
marcan una línea ascendente desde el 2013. De los dos travesticidios
registrados a un año de la sanción de la ley, la cifra aumenta al
siguiente a cinco. El pasado año, el mismo informe dio cuenta de
siete asesinatos de personas trans.
Laura
Moyano, mutilada y abusada en Villa Allende; Marcela Chocobar, cuyo
craneo apareció calcinado en un baldío de Río Gallegos; Fernanda
Coty Olmos, apuñalada hasta la muerte en su casa del barrio Alfonso
en Santa Fe; Zoe Quispe, asesinada por su novio de 23 puñaladas. Uno
de los más recientes es el de Evelyn Rojas en Posadas, cuyo cuerpo
apareció dentro de una fosa de una estación de servicio abandonada.
La lista de éstos y tantos más crímenes de odio no debe tomarse
como acciones de violencia aisladas, sino en un contexto de
marginación institucional producto de la discriminación social,
política, económica y cultural bajo las normas de un sistema
cisexista (6).
Sasha
Sacayán es hermana de Diana e impulsora de la Comisión de Justicia
por Diana Sacayán, además de coordonar en la actualidad el
Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL).
 |
| Ph: Notasperiodismopopular |
En
una de tus últimas declaraciones decís que la población trans
"vive esperando la muerte". En el informe de ATTTA de 2014
se habla de la prostitución como "trabajo autónomo", sin
tener en cuenta el grado de vulneración y violencia al que está
sometida la persona. ¿Qué ves detrás de ese tipo de máscaras del
lenguaje?
No
nos sorprende que hablen y pretendan convertir a la prostitución en
un trabajo. Nosotros (en MAL) hablamos de situación de prostitución,
donde tenemos en cuenta las diferentes condiciones por las que una
travesti pasa al estar en esta situación de extrema vulnerabilidad y
desprotección. ATTTA está en esa posición y sus declaraciones
giran en torno a ella, nunca van a hacer mención a lo que la
prostitución produce en las compañeras: estar expuestas a abusos,
carecer de un trabajo digno, la violencia social que puede ir desde
el ataque de un desconocido hasta de la propia policía. Además, ¿un
travesticidio cuándo empieza y cuándo termina? Un travesticidio,
incluso, no termina con el cuerpo de nuestras amigas o hermanas
muerto, sigue en la sociedad. Que hayan matado a Diana, una
referente, causó un impácto a la comunidad trans a la que ella
representaba, porque aún siendo quien era, le pasó. La Justicia
sigue sin hacer el tratamiento requerido, nunca se investiga con la
excusa de que las personas trans son vendedores de droga,
delincuentes o se acuestan con muchos hombres. Esas justificaciones
también son travesticidio.
La
marcha del 28 de junio contra los travesticidios marcó un importante
precedente para buena parte de la sociedad, los medio y el Gobierno
que mira para otro lado, ¿por qué cuesta tánto calificar estos
crímenes de odio como lo que son y qué respuesta más inmediata
esperan de las autoridades?
La
marcha, que incluso nosotras la seguimos manteniendo - pudimos hacer
una juntada en Rosario y en la casa de Misiones días atrás - nos
marcó un antes y un después porque expusimos las necesidades de la
comunidad. No solo nosotras desde la Comisión Justicia por Diana
Sacayán, también desde la organización (MAL) venimos haciendo un
trabajo que tiene que ver con diferentes acciones a realizar en la
calle. No solo la Justicia tiene que enterarse de la importancia de
la figura del travesticidio, la sociedad tiene que empezar a entender
que las travestis también tienen derecho a una vida digna y hasta,
lamentablemente, una muerte digna. De ahí las diferentes acciones
que vamos a seguir haciendo.
¿Cómo
evaluás hasta ahora el accionar de la Justicia en la causa y qué
expectativas hay sobre el fallo?
Cuesta,
porque tendría que ver con hacerse cargo, que sería lo justo. Es
investigar un asesinato, en este caso de una travesti, pero que no
implica solamente responsabilizarse por Diana sino por todas las
compañeras trans. Toda esta estructura cultural tiene que ver con
que, en las diferentes instituciones, no hay ningún tipo de política
que albergue a las compañeras. El Estado tendría que hacerse
responsable, y eso significaría cambiar todo: hacerse responsable de
haber dejado de lado a toda la comunidad, de haber aportado a que la
situación se agrave. Nadie se levanta con ganas de matar un
travesti, son construcciones. De esto se desprende: la ausencia de la
escuela, la salud, la justicia y de la propia sociedad. Todos estos
factores se van sosteniendo. Lo que pretendemos, en principio, es que
se hagan cargo.
La
última información que circuló de la causa sobre el crímen de
Diana señala que el fiscal Di Lello y la UFEM pidieron elevar a
juicio oral y juzgar a Gabriel Marino. ¿Cómo planean continuar el
proceso?
Nos
reunimos con los diferentes actores judiciales. Nos tenemos que
juntar con el nuevo juez después de esta elevación del juicio para
ver qué estrategias utilizar. Estamos contentas con que desde la
Fiscalía se hable de travesticidio. Nos juntamos con Di Lello y con
la UFEM, tuvimos reuniones en conjunto, también con Alejandra Gils
Carbó. Están las organizaciones que nos apoyan, pero es un trabajo
que hago yo sola con las personas de la Comisión. Hay muchas
organizaciones que "bien gracias". Lo aclaro porque es muy
doloroso y dificil para mí a sabiendas de que Diana ha sido una de
las militantes más importantes no solo de Argentina sino a nivel
internacional. Incluso, hay veces que tenemos que exigirles que se
pronuncien; son batallas dolorosas porque Diana dejó su vida - su
familia, su pareja, sus amigos - en esto y cuesta ver que la
militancia le de la espalda.
¿Cómo
era Diana como hermana, en la vida cotidiana, fuera de la aguerrida
militancia que veíamos?
Diana
era inmensa. Ella nos enseñó a ver la vida de una forma
completamente diferente. A pararnos desde nuestro propio lugar y
desde nuestra propia identidad. A poder reconocernos como sujetos de
derecho; sin ella no lo hubiésemos podido hacer. Ella acá en casa
era como una madre: cocinaba pan casero; era muy amorosa; nos llenaba
la casa de ruido, nos daba esperanza todo el tiempo. Ella me decia
muy seguido "tenés que seguir adelante". Es difícil la
vida sin ella pero creo también que lo que va cambiando es gracias a
que pasó por nuestras vidas y nos dejó esta enseñanza.
Notas
1)
Entiéndase travesti,
transexual, transgénero.
2)
El artículo 11 de la Ley de Identidad de Género prevee el acceso a
todas las personas mayores de 18 años al goce de la salud integral,
que incluye intervenciones quirúrgicas totales y parciales y
tratamientos de hormonas para adecuarse a la identidad de género
autopercibida.
3)
Prueba
piloto de la Primera Encuesta Nacional Sobre Población Trans
de INADI e INDEC (2012).
4)
Ley
de Identidad de Género y Acceso a la Salud de Personas Trans en
Argentina
de Fundación Huesped y ATTTA (2014).
5)
Orgullo
(Pride) en el trabajo:
Un estudio sobre la discriminación en el trabajo por motivos de
orientación sexual e identidad de género en Argentina (2015).
6)
La creencia que corresponde la identidad de género a la genitalidad.
